El Congreso de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Entre Ríos (Festram) resolvió este viernes por unanimidad, reclamar al gobernador Sergio Urribarri que los fondos nacionales que se destinan a los municipios se afecten a Rentas Generales.
“Así podremos alcanzar el salario mínimo, vital y móvil”, dijo Almada tras recordar que “esa característica logró rango constitucional en Entre Ríos en el año 2008”. La decisión se tomó en el marco del Congreso celebrado en Paraná y del que participaron más de 22 sindicatos, donde además acordaron “respaldar el proyecto de ley de la diputada nacional María de los Ángeles Petit, por el que pidió al Poder Ejecutivo Nacional que autorice a los gobiernos provinciales y municipales a utilizar en gastos corrientes los montos coparticipables por las retenciones a la soja”.
Entre los argumentos, la legisladora había marcado que “la realidad impuesta por la crisis económica que sufren las instituciones municipales se refleja especialmente en la merma de fondos derivados de sus sistemas de recaudación propios, así como de la disminución de los provenientes de los sistemas de coparticipación de impuestos nacionales y provinciales", recordó la Festram.
Problema general
Durante el Congreso el secretario general de la Federación y diputado remarcó la necesidad de que los recursos que llegan a la provincia sean destinados a los municipios para lograr el aumento de sueldo que necesitan los trabajadores municipales. “Nuestra filosofía es que el problema de un solo trabajador municipal es el problema de todos los trabajadores municipales. En los conflictos grandes, hemos tenido el compromiso y la suerte de estar acompañados; pero, para los patriarcas que creen que los municipios son sus principados, es bueno advertirles que llegó el final”, aseguró Almada.
A su vez, resaltaron “la importante masa de trabajadores transitorios en situación de precariedad laboral, con contratos basura, donde los trabajadores no tienen derecho a igual remuneración por el mismo trabajo, sin salarios familiares, sin adicionales, a expensas de la voluntad política, algo que se busca erradicar desde hace décadas y que fue receptado por la nueva constitución, ya que el "principio de primacía de la realidad" es algo que las autoridades deberán asumir en muy poco tiempo”.
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